La preocupación por el consumo de bebidas energéticas entre los más jóvenes no deja de crecer en España. El Consejo General de Enfermería (CGE) ha dado un paso al frente y reclama que se prohíba tanto la venta como el consumo de estos productos a menores de edad en todo el territorio nacional. Una petición que llega después de que comunidades como Galicia y Baleares ya hayan puesto en marcha sus propias restricciones, y mientras el Ministerio de Consumo ultima un marco legal común para todo el país.
La organización colegial, que representa a más de 358.000 enfermeras, no solo pide el veto, sino también campañas de información más contundentes y una revisión profunda de cómo se comercializan estas bebidas. El objetivo, según explican, es que la población entienda de una vez los riesgos reales que esconden las latas que se venden como si fueran refrescos.
Una regulación a varias velocidades
Mientras el Gobierno central trabaja en una normativa estatal, la realidad es que cada comunidad autónoma avanza a su propio ritmo. Galicia fue pionera al prohibir la venta a menores, y Baleares se sumó hace unas semanas. Sin embargo, desde el CGE insisten en que falta una política unificada, adaptada a la realidad del consumo juvenil y que no deje huecos legales.
Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, valora positivamente la iniciativa del Ministerio, pero pide rigor: «Existe evidencia sobre los riesgos de estas bebidas, pero todavía hay poca evidencia directa de que prohibir su venta consiga reducir por sí solo su consumo o mejorar la salud de los adolescentes a largo plazo». Por eso, subraya la necesidad de combinar el veto con campañas de concienciación masivas y más investigación sobre los efectos de estos productos.
Qué hay detrás de una lata de medio litro
Héctor Nafría, enfermero responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del CGE, pone el foco en los datos: una lata de 500 mililitros puede contener unos 160 miligramos de cafeína, una cantidad que supera el nivel diario de referencia establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para un adolescente de 50 kilos. «La evidencia indica que estas bebidas pueden alterar el sueño, aumentar el nerviosismo y la ansiedad y producir efectos cardiovasculares, como elevación de la presión arterial o palpitaciones», advierte.
Nafría insiste en que las medidas no deben plantearse desde la «alarma o criminalización de los jóvenes», sino desde la protección. Y recuerda que el problema no es minoritario: según la encuesta ESTUDES 2025, el 38,4% de los estudiantes españoles de 14 a 18 años había consumido bebidas energéticas en el último mes, y un 15,2% las había mezclado con alcohol.
¿Refresco o estimulante? El debate sobre el nombre
Marilourdes de Torres, coordinadora del comité científico de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (AdENyD), va más allá y plantea un cambio de concepto. Estas bebidas no deberían llamarse «refrescantes», sino «estimulantes», por su elevada concentración de cafeína, azúcares, taurina y otros ingredientes. «Deberían empezar a denominarse así para entender su impacto en la salud», asegura.
La propuesta del Ministerio de Consumo pasa por prohibir la venta a menores de 16 años, y ampliar el veto hasta los 18 cuando el producto supere los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Pero desde AdENyD consideran que ese umbral se queda corto. Proponen que la prohibición sea total para menores de 18 años si la bebida supera los 15 miligramos por cada 100 mililitros, y que los envases no superen los 250 mililitros. «Si está controlada la cantidad, pero es una bebida de medio litro, no tiene mucho sentido», argumenta de Torres.
Además, piden vetar su venta en máquinas de vending, que en los comercios se coloquen junto a las bebidas alcohólicas y no junto a los refrescos, y que los envases incluyan advertencias visibles sobre que no son aptas para menores ni embarazadas. «Estas bebidas no tienen propiedades saludables, y este es el mensaje que tiene que calar», concluye.
Con todo, el sector sanitario coincide en que la prohibición por sí sola no basta. Hace falta educación, información y una vigilancia constante para evitar que los menores encuentren vías alternativas de compra. La batalla contra las bebidas energéticas no ha hecho que empezar, y España se juega la salud de sus adolescentes.
