Un estudio reciente llevado a cabo por la organización agraria La Unió Llauradora ha destapado una realidad incómoda en los lineales de los supermercados valencianos. El 83% de las muestras de cítricos importados analizadas presentan residuos de materias activas que ya no están autorizadas en la Unión Europea, un dato que ha encendido las alarmas entre los productores locales.
La muestra consistió en 12 lotes adquiridos el pasado 9 de septiembre en establecimientos de Carrefour, Consum y Mercadona. Nueve de ellos procedían de Sudáfrica, dos no especificaban su origen y uno estaba etiquetado como español, aunque la entidad cuestiona esa identificación por las características del fruto. Los análisis se centraron en detectar compuestos que no están aprobados como fitosanitarios en el territorio comunitario.
Residuos en el 83% de las muestras analizadas
De los doce lotes estudiados, diez contenían al menos un residuo de una sustancia no aprobada, lo que equivale a un 83% del total. La presencia simultánea de entre cuatro y nueve materias activas diferentes en una misma pieza es otro de los hallazgos más llamativos. Aunque ninguno de los residuos supera individualmente los Límites Máximos de Residuos (LMR) fijados por la normativa europea, la organización considera que esta acumulación justifica un refuerzo de los controles en frontera.
Entre las sustancias más relevantes destacan la metoxifenocida, prohibida desde abril de 2026 y localizada en siete muestras; el espirotetramat, comercializado como Movento, que dejó de estar aprobado en mayo de 2024 y apareció en nueve muestras; y el 2-fenilfenol u ortofenilfenol, un fungicida de poscosecha no autorizado desde enero de 2020 y presente en tres muestras. La combinación de estos compuestos refleja una brecha significativa entre lo que se permite a los agricultores europeos y lo que llega desde terceros países.
La diferencia entre LMR y autorización
Uno de los aspectos que más confusiones genera es la distinción entre el límite máximo de residuos y la autorización de una sustancia. El LMR establece la cantidad máxima legal de un residuo en un alimento, mientras que la aprobación de una materia activa determina si los productores europeos pueden utilizarla. Así, un residuo de una sustancia no autorizada puede estar presente en una importación sin violar la ley, siempre que no se supere el LMR correspondiente.
La Unió subraya que los agricultores europeos soportan una reducción progresiva de sustancias disponibles, mientras que los competidores de países terceros pueden emplear esos mismos químicos. Esta disparidad se traduce en una ventaja competitiva para los productos importados, algo que la organización considera insostenible. Por eso reclama acelerar el cambio normativo que fije el “cero técnico”, es decir, el nivel más bajo detectable en laboratorio para sustancias no autorizadas en la UE.
Además, la organización denuncia la doble vara de medir de la distribución. Las cadenas exigen a los productores valencianos un máximo de dos o tres restos de materias activas, pero luego venden importados con hasta nueve. El secretario general de La Unió, Carles Peris, califica esta actitud de “hipocresía” y pide que se acabe con ella.
Reclamaciones y próximos pasos
La organización agraria ha anunciado que trasladará los resultados de estos análisis a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana y a los organismos competentes en materia de consumo y sanidad. La principal exigencia es el refuerzo de los controles sobre los cítricos importados, así como una política de reciprocidad real en las normas de producción.
Carles Peris ha señalado que “si Europa prohíbe o deja de autorizar una sustancia a sus agricultores, debe abordar también las condiciones en las que admite residuos de esa misma sustancia en los productos importados”. La Unió también hace un llamamiento a los consumidores para que prioricen los cítricos de origen nacional o europeo, al considerar que ofrecen mayores garantías sanitarias. La organización insiste en que la solución pasa por armonizar las reglas y evitar que lo prohibido aquí se convierta en una ventaja para los productos foráneos.
Los datos del estudio evidencian una desigualdad estructural que afecta a la competitividad del sector citrícola europeo. La elevada presencia de residuos de sustancias no autorizadas en los cítricos importados, unida a la falta de reciprocidad normativa, exige una respuesta política decidida y un endurecimiento de los controles para garantizar una competencia justa entre los productores locales y los de terceros países. La Unió confía en que las instituciones tomen cartas en el asunto y los consumidores, con sus decisiones de compra, respalden la producción europea.